Derecho número 55 de la Declaración Universal de Derechos del Niño

Ayer, dia 28 de junio, El Mundo incluida una noticia cuyo titular era: Un colectivo vasco de gays defiende las relaciones sexuales con menores.

En el desarrollo de la breve noticia se entrecomillaban frases de un tal Jaime Mendia:
"…en las relaciones intergeneracionales parece que siempre hay abusos pero no es así…",

"...defendemos básicamente que la sexualidad infantil no puede ser secuestrada…", "…lo que sí tenemos muy claro es que cuando una persona tiene algún tipo de relación con cualquier persona, aunque sean menores, no tiene por qué hacer daño a nadie…", "…no se puede convertir a una persona hasta los 18 años en asexual. Todas las personas tienen que tener derecho a disfrutar de la sexualidad, también un niño de ocho añitos, al que la sociedad actual le niega ese derecho…"

De toda la estupefacción que me produce esta “reflexión” lo que más me indigna es el diminutivo añitos que probablemente, por un acto fallido, se le coló al tipejo este en su perorata. Lo de añitos dice mucho de un niño, efectivamente habla de inmadurez, de falta de formación, de desconocimiento, de descubrimiento del mundo, de aprendizaje. Habla de vulnerabilidad, de infancia y en muchos casos de explotación, de superioridad de los adultos, de personajes que se aprovechan de su condición de niño y de matones también. Pero parece que el señor Mendia ha enunciado un derecho nuevo, el derecho del niño número 55: “Todas las personas tienen que tener derecho a disfrutar de la sexualidad, también un niño de ocho añitos, al que la sociedad actual le niega ese de derecho”.

Le recomiendo que se lea dos artículos de La Declaración Universal de los Derechos del Niño

Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Artículo 34
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas
de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

Ángeles Rodríguez Baliño-UPyD Ourense

¡Gracias a todos!

Gracias por la acogida que nos habeis brindado tanto a nosotros como al manifiesto. Ha sido un placer, como siempre que salimos a la calle. Juntos lo vamos a conseguir.

Pronto nos volveremos a ver.

Telecinco se adhiere al Manifiesto por la lengua común

Telecinco se une a la iniciativa firmada por intelectuales, políticos y personalidades de diversos ámbitos para la defensa del castellano. La cadena pone a disposición del colectivo que lleva la iniciativa su canal de televisión para apoyar el proyecto. El Manifiesto por la lengua común fue presentado el 23 de junio por el filósofo vasco, Fernando Savater.

ANPE, sindicato independiente de profesores, también se ha adherido en bloque y por unanimidad a este grupo de intelectuales en su apoyo a la lengua común, entre los que también están Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina o Álvaro Pombo.

El manifiesto reza que "la lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles". Con esta premisa reclama un cambio en las leyes para dejar claro que "el castellano es la lengua común a todos" y abanderar la defensa del idioma oficial.

Miguel Delibes es uno de los nombres propios que ha apoyado el Manifiesto. Arturo Pérez-Reverte, Antonio Gamoneda, Antonio Mingote o Albert Boadella se han sumado también al proyecto en defensa del idioma común.

Este sábado en la Calle del Paseo

Este fin de semana, que es el último en el que disfrutaremos de las fiestas en Ourense, vamos a salir a la calle para solicitar el apoyo hacia el Manifiesto por la lengua común.

Nos vamos a colocar en la calle del Paseo, en la zona entre el Parque de San Lázaro y la calle Concordia (antes Cap. Eloy) y llevaremos copias del Manifiesto para que todos los ourensanos y visitantes puedan leerlo y si están de acuerdo lo firmen si lo desean.

Además, tanto el manifiesto como el formulario de firmas están a su disposición en la página web del diario El Mundo y en https://www.upyd.es/modulo-web/index.php?section=recogida_firmas en la página nacional de UPyD (www.upyd.es).

Así que si han pensado en salir a disfrutar de las fiestas les animamos a que se acerquen a informarse sobre esta iniciativa de los intelectuales más importantes del país. Nos vemos pues el sábado 28 entre las 7 y las 9 de la tarde en la calle del Paseo.

Presentación del MANIFIESTO POR UNA LENGUA COMÚN (1ª parte)

Los intelectuales más importantes de España se ponen en pie

'Manifiesto por una lengua común'
Documento presentado en el Ateneo de Madrid
ELPAÍS.com - Madrid - 23/06/2008


Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:
1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.
2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).
3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.
4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.
Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:
1. La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.
2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.
3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.
4. LA ROTULACION DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VIAS PUBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.
5. LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.
Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner.

Fiestas ¡Cuánto queda por aprender!

Este año en nuestras fiestas tenemos un solo gran concierto, que se intenta compensar con conciertos más populistas para asegurarse al menos que la franja de público a la que parte del Ayuntamiento debe su sueldo esté satisfecha.

Además, el FAX se celebra en la capital, con un presupuesto millonario del que se podría esperar grandes actuaciones, pero se presenta un cartel bastante limitado y repetitivo, eso sí, de lo más alternativo, que siempre queda moderno.

Sin embargo la extrañeza fue a más cuando este año se ofreció el mismo escenario y equipo en el Parque del Posío que todos los años, para dar algún concierto, aunque sin ofrecerlo abiertamente y así evitar problemas, y sin embargo todos oímos hablar continuamente de dar facilidades a los artistas ourensanos. Claro que de esta forma se cubre la cuota de publicidad para nuestros artistas, que siempre es necesaria si te autoeriges en defensor de la cultura gallega. Hete aquí que en esta ocasión se corrió la voz y se presentaron demasiados grupos, y lo que en cualquier mente cabal sería una suerte, en la concejalía es un grave problema que implica hacer una selección, sin tener absolutamente ningún criterio ni conocimiento. Sin embargo, como lo que sobra es orgullo para rectificar o pedir ayuda cualificada, se resuelve que toquen todos en las fiestas de su ciudad, gratis. Sorprendentemente no todos aceptaron, así que de pronto surgió de la nada un presupuesto, con el ánimo de acallar voces y se propone que toquen 30 grupos en 4 días, de 4 a 12 de la noche, media hora cada uno y en días laborables. ¿Facilidades? Ante semejante panorama los propios grupos acordaron sacrificar a un número de ellos por dar un buen espectáculo y se ofrecieron a tocar menos grupos durante más tiempo, y ya que allí no había ninguna autoridad que pudiera tomar decisiones (porque la concejala nunca apareció) acordaron sortearse la participación.

Y así, con una pedrea, la Concejalía lo dio todo por solucionado. ¡Cuánto queda por aprender: la Peregrina, la Ascensión, el San Froilán, etcétera! Yo soy de la opinión de que ser representante de una ciudad es algo más que aparecer en las fotos y deshacer todo lo que hizo el que estaba antes, también es estar donde se es necesario para solucionar un problema y tomar decisiones fundamentadas aunque sean difíciles.

Como sigamos así, esta concejalía va a dar mucho juego, y es una pena porque los que perdemos siempre somos los mismos.

Yolanda Rodríguez en Cartas al director de La Región (19-6-2008) www.laregion.es

Producto ZP: a su imagen y semejanza

El problema de tener un cargo público es que, como tal eres analizado no sólo por lo que dices sino también por cómo lo dices. Si a esto añadimos que el cargo sea representativo, entonces hay que tener en cuenta también la responsabilidad que conlleva. Pero aún se puede complicar más cuando ni siquiera se hacen este tipo de reflexiones, y esto es lo que parece haberle pasado a este nuevo ejecutivo. Un ejecutivo más dedicado a su imagen pública que a ejecutar, como se viene demostrando desde que el presidente nombró a su gabinete basándose en razonamientos como ‘la primera mujer…’, ‘el primer ministerio…’, ‘el primer teléfono…’, etc.
Cada semana no nos queda más remedio que estar pendiente de nuestro gobierno, como quien está enganchado a la telenovela de turno, a ver qué pasa esta vez. Y prácticamente nunca nos decepciona, lo cual en el fondo es demasiado triste para analizarlo en profundidad porque somos nosotros los responsables de que estén ahí, ya sea por acción o por omisión.
En el último capítulo ‘disfrutamos’ de la aparición estelar de la ministra Aído, cabeza de un nuevo ministerio sin una función concreta y que por esa misma razón parece que el presidente ha dedicado algún tiempo a buscarle ocupación pública. Hay que justificar el gasto del presupuesto que se ha asignado a esta nueva cartera. Pero las cosas no han salido exactamente como cabría esperar, y no me refiero a que haya hecho una gracia sobre un tema que no la tiene, o a que se haya sacado de la manga la idea de un teléfono para los delincuentes, porque cualquiera se puede equivocar, también una ministra, aunque su cargo debería pesarle lo suficiente como para comprobar todo las veces que fuera necesario para no caer en un error. Pero, como digo, no me refiero a eso, me refiero al mal entendido orgullo, a la actitud de prepotencia y soberbia de quien se cree por encima del bien y del mal, a traspasar ese punto de no retorno que hace que un error personal cada vez sea más grande, y cada vez se complique más e involucre a más gente, y lo que es peor, más dinero público pagado por nosotros. Hasta tal punto ha llegado el desatino que después de recibir la respuesta lógica y negativa de la Real Academia Española de la lengua a su petición de ampliar nuestro diccionario con el palabro de su invención ‘miembra’, no sólo no lo acepta sino que acusa a la institución de machismo, según ella, probado porque sólo tiene a tres mujeres entre sus miembros. ¡¿Pero hasta dónde puede llegar este gobierno?!
No hay nada más respetado que el reconocer una equivocación y ser lo suficientemente humilde como para rectificar, incluso si eres un cargo público representativo como decíamos al principio, o puede que más aún en este caso. Una reacción así invita a quien la presencia a reaccionar positivamente hacia ese cargo, y a que se valore aún más su esfuerzo y su predisposición.
¿Es que este gobierno nuestro está tan pagado de sí mismo que no es capaz de hacer un razonamiento tan simple? Aunque qué se podría esperar de los que pasan por encima de nuestra historia sin respetar a nadie, ni siquiera su propia historia como partido, y de los que negocian y se retractan dependiendo de la ganancia que puedan obtener de ello.

Fotografía: El Semanal Digital

La voz de la esperanza

Cartas al director. La Región (8 de Junio de 2008)

Escribe Miguel Gamillo.

No estábamos acostumbrados a oirla. hasta ahora, nuestras Cámaras representativas eran un zoco persa en el que se subastaban intereses ajenos a los valores nacionales.

Se hablaba, se pasteleaba, se disputaba, y se imponía siempre una mayoría que velaba por un ‘consenso’ que cuidaba ante todo de preservar el uso y disfrute de las gabelas y canonjías de los ‘representanets de la soberanía popular’. Una soberanía en crisis. Una soberanía atacada por tempestades segregacionistas.

Pero llegó ella. La voz que clama contra el árido desierto de intereses particularistas. La que señala verdades evidentes, no por ocultas menos ciertas. La voz que habla de una nueva España.
La voz que clama contra privilegios insostenibles desde el más puro sentido común. La que promueve un Estado amparador de los derechos de todos, sin discriminaciones, sin desapegos, sin mutuas desconfianzas. Una voz que reclama una nueva Ley Electoral. Una recuperación de la
tutela estatal sobre aquellas materias que afectan al cuerpo de la Nación. Una educación de todos
y para todos. Una justicia independiente y limpia de manejos partidistas, que dé, en verdad, a cada uno lo que le corresponde. Todo ello dentro de un nuevo Estato democrático, reconstituido sobre la base de administrar, conservar y acrecer lo que a todos pertenece. Que no convierta en ceca de cambio de favores la subasta de bienes universales como el agua, para sucios cambalaches que otorguen a determinados gobiernos el voto interesado y circunstancial de minorías insaciables e insoliarias, que reniegan del concepto nacional, que a todos unos une y ampara, en búsqueda de sus utopías identitarias.

Esa voz, por el momento solitaria, es la de Rosa Díez. Podría decirse que es la voz que clama en el desierto del egoísmo, de la insolidaridad, de la exclusión, del adocenamiento de la cobardía y de la acomodaticia indolencia de los instalados en el privilegio. Es verdad que está sola.

De momento. Pero llegará la hora en que se verá acompañada de otras voces.

Ver www.laregion.es

Rosa en Telemadrid (Abril 2008)

El profesor, la autoridad competente

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, proclama en su exposición de motivos "la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo, así como el reconocimiento, apoyo y valoración social de la función docente".

A pesar de esa plausible intención, con la redacción actual, el profesorado sigue sin contar con la protección y las atribuciones precisas para poder desarrollar, en condiciones adecuadas, su función docente en interés de los alumnos, de los padres y tutores y en general de la sociedad.

Para conseguir que en los centros educativos y en las aulas se reconozca la autoridad del profesor y se proteja debidamente el derecho a aprender de los alumnos, sin que se consienta el comportamiento de aquellos que tratan de limitarlo con una conducta improcedente, la Administración ha de dotarle de la condición de autoridad pública. Así, se transmite a la sociedad la importancia que para el sistema educativo tiene la figura del profesor, ya que sin él no podría desarrollarse el derecho fundamental a la educación establecido en el artículo 27 de la Constitución; además de mejorarse su protección legal frente a los malos comportamientos y agresiones, tanto alumnos como de padres o tutores.
En consecuencia, se propone, en un artículo de esta Ley básica del Estado, que se reconozca la condición de autoridad pública a los profesores de los centros educativos públicos y privados, sean o no concertados, en el ejercicio de la función pública educativa. La Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, según se trate, respectivamente, de centros públicos o privados, concertados, reconocen al director del centro capacidad disciplinaria. Esta atribución desconoce que para una adecuada solución de los problemas de disciplina es preferible someterse a dos principios: el de inmediación, que permite un mejor conocimiento del problema y es garantía de acierto, y el de celeridad en la reacción, que potencia la eficacia para alcanzar los fines de la sanción. No es el director, sino el profesor quien conoce con inmediación la conducta de un alumno que esté impidiendo o dificultando la función docente y alterando la convivencia en clase y quien puede adoptar rápidamente una medida disciplinaria que corrija inmediatamente a aquel alumno en asuntos leves o las medidas cautelares necesarias si el asunto es grave.

De ahí que, en esta reforma, se proponga que el profesor pueda imponer medidas disciplinarias directamente a los alumnos en asuntos leves y adoptar las medidas cautelares necesarias en asuntos graves, siempre que acontezcan hechos que impidan o dificulten la función docente o la actividad complementaria en la que el profesor esté participando, y conforme a lo indicado en las leyes.

Para adecuar esta nueva función del profesor con las competencias que la ley atribuye al director, se propone la reforma del artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación y del artículo 54 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación en los que se recoge esa competencia, respectivamente, del director en centros públicos y centros privados concertados, de tal manera que el director podrá tomar medidas disciplinarias en asuntos graves y conocer las medidas disciplinarias o cautelares que impongan los profesores, de acuerdo a su nueva atribución, en los casos y formas que establezca la Ley.
También se propone reforzar los derechos de los padres y tutores para velar por una adecuada aplicación de las medidas disciplinarias. Por eso se propone modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, introduciendo un nuevo derecho de información de los padres y tutores de las medidas disciplinarias que afecten a sus hijos.

Por todo ello, Rosa Díez presenta una Proposición de Ley que ya está aceptada en el Congreso.

Como me pete