¡¡¡"Esto es la guerra..."!!!

La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnostico falso y aplicar después los remedios equivocados. GROUCHO MARX

lunes, 27 de octubre de 2008

C´s remite una carta al rector de la Universidad de Vigo

Nota de prensa (16/10/2008) publicada en la web de C´s

'C's remite una carta al rector de la Universidad de Vigo para que deje de subvencionar publicaciones que fomentan la discriminación lingüística.
Ciudadanos ha indicado que es intolerable las persecuciones que se están realizando por motivos lingüísticos en cualquier ámbito de la sociedad.

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía ha anunciado que enviará una carta a Don Alberto Gago Rodríguez, Rector de la Universidad de Vigo, solicitándole que el Área de Normalización Lingüística del centro deje de recibir subvenciones que más tarde se utilizan para los costes de publicaciones de panfletos amenazantes contra los castellanoparlantes.
La aparición en las últimas fechas del panfleto 'Se busca la banda de los castrapeiros' -término despectivo para los no hablantes del gallego-, editado por la Universidad de Vigo, de titularidad pública y con el dinero de todos los contribuyentes, resulta, para Ciudadanos, un ejemplo más de la política monolingüística y de exclusión que se viene aplicando en Galicia.
Ciudadanos ha indicado que es intolerable las persecuciones que se están realizando por motivos lingüísticos en cualquier ámbito de la sociedad. Desde el partido se entiende que iniciativas discriminatorias como ésta, nunca deben realizarse con fondos públicos, más necesarios para dotar, en este caso, a los estudiantes gallegos, de un espacio plural de enseñanza, donde se puedan abstraer de la contaminación política que el Gobierno autonómico del PsdG - BNG han llevado a las calles.'
Una vez más el movimiento ciudadano está en marcha para demostrar que somos muchos y de muy diversas procedencias los que pensamos de forma similar.
¡Enhorabuena Ciudadanos!

sábado, 25 de octubre de 2008

El ser o no ser de los Partidos Políticos

Fotografía de archivo

Si alguna vez alguien ha tenido alguna duda de cuáles son nuestros principios, creo que en estas últimas entradas se está dejando bastante claro. Nosotros defendemos ante todo una línea clara, sencilla, honrada,... Nosotros defendemos exactamente lo mismo que defendíamos hace un año. No todos pueden decir lo mismo.


Y por esto la entrada de hoy se la hemos tomada prestada al Sr. Hernández Les, con cuyo escrito nos sentimos totalmente identificados.

Publicado en la página territorial de UPyD Andalucía en 19 de octubre de 2008

'La cuestión de los partidos políticos en España, entendida como problema, es un hecho que casi nadie discute. Su descrédito ante la opinión pública y ante distintos estamentos sociales es una realidad insoslayable. Pero el fenómeno no es reciente, sino que acompaña a nuestra democracia desde el inicio de su andadura – que sobrepasa ya los 30 años – y el malestar que genera no es ajeno al malestar político que destila nuestra sociedad.
Nuestra transición democrática fue, en realidad, un proceso cruento para sus principales actores políticos. Unos (la UCD) pagaron la factura del franquismo y otros (el PCE) la del antifranquismo. La ilusión que despertó en los ciudadanos la llegada de los socialistas al poder no les hizo diferentes a los demás partidos nacionales en cuanto al papel que el partido debe jugar respecto al resto de la sociedad y ante sus propios militantes. Seguramente, si ha habido un partido, en todos los años de nuestra democracia, en el que el poder del aparato ha sido impermeable a la participación de los ciudadanos, pero, sobre todo, a la de sus propios afiliados, ha sido el PSOE.
En cuanto al PP, no es tampoco un dechado de democracia. El conflicto interno vivido en la preparación del reciente Congreso de Valencia, y su desenlace final, no es precisamente el mejor ejemplo para resolver los problemas de liderazgo en una sociedad avanzada.
Este exordio no tiene otro sentido que poder constatar que estos partidos – salvo importantes y traumáticas transformaciones internas – no parecen estar en condiciones de abordar las necesarias reformas que reclama nuestro país. Nuestros partidos no son ajenos al deterioro que ha sufrido nuestra democracia desde la aprobación de la Constitución en 1978. Siendo, los partidos, constitutivamente la columna vertebral de cualquier régimen democrático, en nuestra sociedad no han sabido jugar el papel equilibrador que se les demandaba, y su función se ha concentrado en seleccionar élites gobernantes y promocionar cargos públicos, más que de ser auténticos representantes de los ciudadanos. Su obsesión por hacerse con el control de todas las instituciones sociales (públicas y privadas), y su aspiración – cuando gobiernan – de confundir el Partido con el Estado, les hace responsables en alto grado de la mayor parte de los problemas que hoy padece la democracia española.
Por primera vez en muchos años nuestra sociedad está abierta al surgimiento de partidos emergentes. Así se explica el éxito de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Quienes nos embarcamos desde el primer momento en este proyecto nunca lo hubiéramos hecho si nuestra democracia, lejos de progresar hacia la estabilización y la excelencia, no hubiera caminado hacia su desfiguración; y si los partidos que la conforman no se hubieran convertido en sucedáneos de iglesias cerradas que tratan de ocupar antropofágicamente todos los espacios de la sociedad civil, que han terminado por hacer del Parlamento una lonja donde ponerse de acuerdo en los despachos sobre el valor y precio que conllevan las relaciones de poder y su reparto, y no el lugar donde debatir sin ventajismos los problemas que preocupan a los ciudadanos.
Un partido como UPyD tiene ante sí, y ante los ciudadanos, una responsabilidad enorme. Tratar de llevar adelante un proyecto de regeneración democrática – precisamente en el clima de oligarquización que los partidos dominantes han creado a su favor – es una tarea ciclópea. Supone abordar reformas que abarcan desde la ley electoral hasta la educación, pasando por la independencia de la Justicia (más sometida que nunca, después del reciente pacto PP-PSOE), el modelo territorial, y, omnicomprensivamente, la propia Constitución. Todo ello hace obligado estar presente, con suficiente peso específico, en las instituciones y, desde allí, alcanzar la autoridad necesaria para impulsar pactos de estado e influir en la transformación de nuestra realidad. Esto no se consigue con el meritorio voluntarismo de tantas ONGs; exige, además de recursos humanos y materiales, la existencia de un vehículo apropiado, es decir, de un partido político. Pero, qué partido? O, para ser más exactos, qué modelo de partido queremos y necesitamos?
Sabemos que hacer en España un partido plenamente democrático es muy difícil, máxime en una sociedad con un evidente déficit de cultura democrática, y presa de la apatía participativa que los propios partidos hegemónicos le han infundido. Pero también juega a nuestro favor el ser conscientes de que no queremos repetir los errores que estamos denunciando en otros, principalmente porque no es posible alcanzar los fines políticos que perseguimos con estructuras que han demostrado tener éxito para crear y perpetuar nomenclaturas políticas, pero no para servir a los intereses de los ciudadanos.
Los medios y los fines son inseparables. No es posible lograr metas pretendidamente transformadoras con estructuras burocráticas y autoritarias, que sólo pueden albergar militantes oportunistas, sumisos al poder dominante del momento, y cuadros políticos predispuestos a realizar una práctica política manipuladora, cuya lógica – que no es otra que la de servir a su propio interés personal – va por un lado, y la de la sociedad va por otro.
Un partido de nuevo tipo, alternativo a las agotadas formaciones políticas conocidas, tiene que elevar el listón ético de la democracia y entender que ésta no es sólo un sistema para elegir gobernantes, sino una forma de vida y de convivencia, que todavía está lejos de hallarse entre nosotros. Tiene que quedar claro que quienes nos hemos comprometido en un proyecto como UPyD para cambiar una situación como la que nos hemos encontrado, nos hemos empeñado en una tarea en la que la política es inaceptable sin la ética. Y, si no fuera así, este partido no tendría sentido, porque sin ese impulso no cambiaríamos la política, ni la sociedad, ni nada.
Todo esto quiere decir que un partido tiene que estar abierto a recibir en su seno a personas de distintas sensibilidades políticas – aunque unidas por unos objetivos comunes – y también de variadas capacidades profesionales, pero estar alerta respecto a otras que pretendan convertir su actividad política en una profesión para toda la vida. Un partido con esta clase de “profesionales” suplantará el papel histórico – de mediador y vehículo de los intereses generales – que la sociedad otorga a los partidos, para convertir a estos en puras máquinas electorales, sin otra finalidad que alcanzar el poder y mantenerse en él a cualquier precio.
Actuar en otra dirección exige a un partido regenerador de la democracia esforzarse en crear una nueva cultura política, ejemplarizándola en su propio seno, y difundiéndola en la sociedad con todos los medios a su alcance. Es un trabajo de muchos años, y reclama la apertura de una vía que vincule la política con la cultura, con la cultura en general.
En los partidos, como en la sociedad, existen dirigentes y dirigidos. Esta jerarquización se acepta con naturalidad cuando los unos son fruto de la legitimidad democrática y los otros disponen de los cauces de participación adecuados, y las funciones de responsabilidad y de subordinación se suceden de forma alternativa y reglada. Estamos hablando de formas propias de una democracia abierta que, hasta ahora, no han sido las propias de nuestro Estado de Partidos.
Es claro que cuando hablamos de democracia – en la sociedad y en los partidos – no estamos hablando de democracia directa ni de toma de decisiones asamblearias, sino de democracia representativa, o sea, elecciones primarias, voto directo y secreto, listas abiertas, y consecuente legitimación para el ejercicio temporal de los cargos electos. Lo contrario es, con todo el maquillaje “democrático” que se quiera, entronizar algún tipo de poder burocrático, que para sostenerse y justificarse ante si mismo y ante los ciudadanos, sólo puede fundamentarse en la sutil utilización (y a veces ni eso) del principio de autoridad y en el culto a la personalidad de los líderes.
Un partido que apueste por la democracia interna sin tapujos, no permitirá que sus militantes tengan menos derechos que los que la Constitución otorga a cualquier ciudadano; ni tampoco la incoación de expedientes de expulsión a quienes no incurran en presuntos delitos que puedan estar tipificados en el Código Penal.
En las actuales estructuras partidarias ha calado la opinión de que practicar la democracia supone riesgos, por eso las elecciones primarias en España no han pasado de la fase de estado embrionario. En realidad, los riesgos sólo los corren quienes dirigen los partidos y están obsesionados por controlarlo todo, y convencidos que solamente ellos saben lo que les conviene a los demás.
Pero en España, si queremos regenerar la sociedad, tendremos que empezar por regenerar nuestros partidos y fortalecer su imagen y credibilidad ante los ciudadanos; y eso sólo será posible con más democracia interna, aceptación de la discrepancia, más debate – todo lo ordenado que se quiera - y menos modelos de control. Este es el reto que tenemos por delante quienes no nos resignamos a vivir en una sociedad desarrollada con un régimen democrático de tan baja calidad como el que ha devenido en la España del presente.'


Firmado: Gerardo Hernández Les
Miembro del Consejo Político de Unión, Progreso y Democracia y Coordinador del partido en Málaga

jueves, 23 de octubre de 2008

Galicia Bilingüe presenta ante la Xunta un aluvión de solicitudes para poder estudiar en español

Noticia publicada el 21-10-2008

(Libertad Digital) Lo que iba a ser un acto simbólico de Galicia Bilingüe se ha convertido en una petición masiva ante las oficinas de la Inspección Educativa de cinco ciudades gallegas. Más de 2.000 padres y madres han presentado solicitudes para que sus hijos puedan elegir la lengua vehicular de sus estudios, tanto para el material didáctico como para su uso oral en clase o la realización de pruebas y exámenes.

Según informa la asociación en un comunicado, cada progenitor entregó un documento relacionando numerosos y sólidos argumentos a favor de la libertad lingüística en la enseñanza. Desde Galicia Bilingüe subrayan que "el alegato de los padres es tan sólido que recientemente la Inspección Educativa reconoció por escrito a dos muchachos de Pontedeume su derecho a utilizar el castellano, aunque la madre de ambos recibió posteriormente indicaciones en sentido contrario desde la dirección del centro donde estudian los niños". En este sentido, recuerdan que "en la práctica totalidad de los colegios se obliga a los niños a utilizar continuamente el gallego y existen centros en los que se bajan las calificaciones a quien usa el español".

En el escrito entregado ante la Inspección "se apela al Estatuto de Autonomía, al propio Decreto que regula el uso del gallego en la enseñanza, a un dictamen del Consejo Consultivo de Galicia o la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional al respecto para defender el derecho de elección del idioma de estudio por parte de los alumnos, excepto para las clases y actividades relacionadas con una determinada lengua, como las asignaturas de Inglés, Lengua Gallega o Lengua Castellana".

De acuerdo con los datos facilitados por Galicia Bilingüe, "en Vigo fueron alrededor de mil las solicitudes presentadas en el Registro del edificio administrativo de la Xunta de Galicia, donde se personaron unas 150 personas para presentarlas. En La Coruña se realizó la petición para unos 600 escolares; en Ferrol, para 400, y en Lugo y Orense, para unos 100 estudiantes de cada ciudad". Pese a que "un error de coordinación en esta acción reivindicativa organizada por Galicia Bilingüe frustró la presentación de solicitudes en la localidad de Santiago". los padres de esta ciudad trasladaron sus peticiones a La Coruña.

Galicia Bilingüe confía en que la Consejería de Educación "atienda el requerimiento y lo haga con cierta diligencia, abandonando la actitud obstruccionista que está llevando a cabo en relación con el recurso interpuesto en su día por la asociación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia contra el citado Decreto de uso del gallego en las aulas".

Por otro lado, un autobús de Galicia Bilingüe recorrerá de nuevo la región gallega para facilitar información sobre sus actuaciones en defensa de la libertad de todos. Ya el año pasado esta iniciativa tuvo un enorme éxito pese a los ataques al autobús perpetrados por grupos independentistas con total impunidad.

En medio de la hostilidad de la administración gallega y sin ningún tipo de ayuda económica, Galicia Bilingüe ha reconocido a Libertad Digital que tiene dificultades sufragar el coste del autobús. Para colaborar con esta iniciativa en la página web de la asociación tiene las vías de contacto y la información necesaria.

La regeneración democrática... Episodio Final

'4. Otras medidas democratizadoras

Además de las ya mencionadas, Unión Progreso y Democracia promoverá otras medidas orientadas a prevenir los abusos de poder, la interferencias ilegítimas de intereses privados en las decisiones políticas y el uso partidista de las instituciones y los recursos públicos. A título de ejemplo pueden citarse las siguientes:
a. La limitación de mandatos.
b. Sistemas más rigurosos de incompatibilidades entre cargos públicos y negocios privados.
c. Democratización interna de los partidos, instaurando la obligatoriedad de la elección directa por los afiliados (“primarias”) de los candidatos a los principales puestos de responsabilidad política. Asimismo se reforzará la
protección judicial de los afiliados frente a expulsiones arbitrarias.
d. Controles más rigurosos de la financiación de los partidos y de su autonomía con respecto a los grandes poderes económicos. Se reconocerá al propio contribuyente la posibilidad de decidir qué formación política recibirá la parte de sus impuestos destinada a la financiación de los partidos.
e. Democratización de la información. Una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia es el establecimiento de unos medios de comunicación públicos independientes. Para ello proponemos:
i. Reformar los sistemas de elección de los consejos de administración y de los directores de los medios de comunicación de titularidad pública, tanto nacionales como autonómicos o locales, para evitar que éstos sigan siendo instrumentos de propaganda gubernamental.
ii. Crear órganos reguladores independientes de las telecomunicaciones que eviten favoritismos o persecuciones partidistas en las concesiones de licencias a los medios de comunicación privados.
iii. Introducir restricciones y controles más estrictos de las campañas de publicidad institucional para garantizar que se utilizan exclusivamente como servicio público y evitar su uso meramente propagandístico.
CONCLUSIÓN
Las medidas de regeneración democrática que proponemos no tienen carácter doctrinario. No están orientadas a la imposición de un programa ideológico o de partido, sino a fortalecer las instituciones estableciendo unas reglas de juego más justas y acordes con los principios básicos de un estado democrático de derecho. Algunas de las propuestas exigen reformas legales que requieren de acuerdos amplios, por lo que deben interpretarse como propuestas abiertas a un consenso lo más amplio, transversal e inclusivo posible, que deberá ser debatido entre los partidos representados en el Parlamento, la ciudadanía y los colectivos sociales concernidos. Esto es especialmente cierto de las medidas que exigen reformas constitucionales (que, por su trascendencia, son objeto, al igual que la reforma de la Ley Electoral, de un capítulo específico). Pero para que este necesario debate llegue siquiera a plantearse, es preciso que en el futuro Parlamento esté presente un partido que, como Unión Progreso y Democracia, se comprometa a adoptar la regeneración democrática como eje de su acción política.'
Éste es uno de los textos que más interés ha suscitado y más ha conmovido y movido al público que entraba en la web nacional mientras estuvo colgado (hace tiempo que se suprimió). Estos son unos valores con los que hemos estado, estamos y estaremos SIEMPRE de acuerdo. Independientemente de cuál sea el partido que los defienda.
Hoy por hoy somos de la opinión de que, aunque en su día fuimos los únicos en alzar la voz para luchar por ellos, en UPyD ya no todos los defienden. Y por eso vamos a seguir peleando, porque si hace diez meses creíamos en ello, hoy AÚN CREEMOS MÁS.
Y por esta misma razón desde aquí reclamamos y exigimos a quien corresponda, que se vuelva a colgar este mismo escrito en la web nacional y oficial, como declaración de intenciones originales de UPyD.
¡¡Esto es UPyD, éste es nuestro partido!!

martes, 21 de octubre de 2008

Una miniserie (episodio cuatro)

"3.2. Democracia parlamentaria
El sistema político diseñado por la Constitución es de democracia parlamentaria. No obstante, dicho sistema se implantó en un contexto de proliferación de partidos y de debilidad de éstos. Era una prioridad razonable en el momento de la transición democrática favorecer la consolidación de un sistema de partidos. Por esa razón, el sistema político que se estableció estuvo orientado al fortalecimiento de los partidos políticos con más apoyo ciudadano.
A lo largo de las tres últimas décadas, el sistema vigente ha tenido el efecto de otorgar a las cúpulas de los partidos un poder excesivo. La subordinación de los parlamentarios a las cúpulas partidistas hace que las Cortes no funcionen como un verdadero Parlamento deliberativo. Los diputados de la mayoría parlamentaria son meros ejecutores de las propuestas gubernamentales o de los acuerdos a los que el Gobierno haya llegado con los líderes de otros grupos. Tanto en los grupos de la mayoría como en los de la oposición, la obediencia ciega a las consignas partidarias prevalece sobre el vínculo con los electores, los programas electorales, los principios ideológicos del propio partido y las propias convicciones. Los debates no son parte de un proceso deliberativo, sino actos de propaganda para justificar decisiones adoptadas o pactadas previamente por los líderes de los respectivos grupos.
Frente a este estado de cosas, UPyD considera necesario reforzar la independencia del poder legislativo respecto al ejecutivo y la autonomía de los parlamentarios frente a las consignas partidarias, a fin de implantar en España un régimen verdaderamente parlamentario. Para ello promoverá reformas orientadas a la dinamizar del Parlamento y a restablecer el vínculo de los representantes políticos con sus representados.Con este fin, Unión Progreso y Democracia, además de las reformas urgentes del sistema electoral para establecer una mayor proporcionalidad, promoverá un debate con todas las fuerzas políticas orientado a:
a. La implantación de sistemas electorales de listas abiertas que refuercen la autonomía de los parlamentarios respecto a las burocracias de los partidos y restablezcan el vínculo con los representados.
b. La separación de la elección de los presidentes de los gobiernos (nacional y autonómicos) y de los alcaldes para reforzar la independencia de los poderes ejecutivo y legislativo y para prevenir pactos de gobierno postelectorales que desvirtúen o tergiversen la voluntad ciudadana.c. La reforma del Senado para transformarla en una verdadera cámara de representación territorial, en coherencia con lo que establece la Constitución"
Y mañana el gran desenlace

domingo, 19 de octubre de 2008

Una miniserie (episodio 3)

"2. Un sistema electoral justo
Un sistema electoral justo debe conceder el mismo valor al voto de todos los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia y sea cual sea su opción política. La Constitución Española establece que los miembros del Congreso de los Diputados deber ser elegidos por un sistema electoral proporcional. Sin embargo, el sistema de elección de los Diputados vigente no es proporcional, puesto que sitúa en clara desventaja a los partidos minoritarios de ámbito nacional, en beneficio de los partidos mayoritarios y de los partidos de ámbito autonómico. El resultado es una distorsión de la voluntad ciudadana que concede a los partidos nacionalistas una sobrerrepresentación injusta al tiempo que opciones políticas con un voto ciudadano mucho mayor quedan infrarrepresentadas.
Unión Progreso y Democracia promoverá la reforma de la Ley Electoral y, si es preciso, de la Constitución, para instaurar un sistema electoral en el que se cumpla el principio democrático de que el voto de cada ciudadano tenga el mismo valor.(Por su importancia y complejidad, este punto es objeto de un capítulo específico del Programa Electoral, por lo que no se desarrolla aquí.)
3. Separación de poderes
La división de poderes es consustancial a la democracia. Uno de los aspectos más alarmantes de la actual situación política son los intentos, cada vez más agresivos, de subordinar el poder judicial a los partidos políticos. Por otra parte, la reducción de los parlamentarios a meros ejecutores de las decisiones de los líderes de los partidos es uno de los males crónicos de nuestro sistema político. Uno de los aspectos fundamentales de nuestra propuesta de regeneración democrática será la defensa de la separación de poderes.
3.1. Imperio de la ley
El respeto y el cumplimiento de las leyes tanto por parte de los gobernantes como de los gobernados es la condición de posibilidad de toda convivencia civilizada. Es imprescindible para ello que las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley sean realmente independientes, acabando con la escandalosa subordinación actual de éstas al gobierno o a los partidos políticos.Para ello proponemos las siguientes medidas:
a. Reforzar la independencia del poder judicial. El sistema vigente de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial hace que éstos se comporten cada vez más como delegados de los partidos políticos y que la fidelidad al partido que los propone prevalezca sobre la competencia y profesionalidad en su elección. El uso perverso que los partidos han hecho de sus prerrogativas en esta materia hace necesario implantar un nuevo sistema en el que los miembros del CGPJ sean elegidos con criterios profesionales, sin interferencias de los partidos políticos y sin repartos de cuotas entre éstos.
b. Reforzar al independencia del Tribunal Constitucional. Al igual que sucede con el CGPJ, el sistema de designación de los miembros del TC y el uso perverso que los partidos hacen de sus competencias en esta materia está transformando un tribunal que debería ser independiente en una tercera cámara en la que los magistrados aparecen cada vez más alineados con los grupos políticos que propusieron su nombramiento. Dada la importancia extrema que muchas de las decisiones del TC tienen para el futuro de nuestro sistema político, es preciso modificar el sistema de elección de los magistrados aboliendo el actual sistema de cuotas.
c. Consolidar la unidad del sistema judicial. La independencia del poder judicial no sólo está amenazada en España por los partidos nacionales y el gobierno de la Nación de subordinarlo al poder político. Estamos asistiendo también al intento por parte de gobiernos autonómicos y de partidos nacionalistas de someterlo en sus territorios fragmentando el sistema judicial en diversos sistemas independientes. Frente a estos intentos, proponemos mantener las competencias del Tribunal Supremo y preservar la independencia de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas frente a los intentos de intromisión de los gobiernos y parlamentos autónomos.
d. Autonomía de la Fiscalía. El cumplimiento de la ley es un derecho de los ciudadanos, no una prerrogativa del Gobierno. La persecución de los delitos no puede estar supeditada a los intereses coyunturales del gobierno o la mayoría parlamentaria de turno. La experiencia reciente y no tan reciente demuestra que los Fiscales Generales del Estado anteponen con frecuencia en asuntos muy graves los intereses del Gobierno que los nombra a los intereses de las víctimas de los delitos, con el consiguiente desamparo de éstas. Esta quiebra del principio de legalidad sólo podrá evitarse reformando el sistema de elección y las funciones del Fiscal General del Estado en el sentido de garantizar su autonomía.
e. Restauración de la acción popular. La legislación vigente impide que en la mayoría de los procesos judiciales pueda ejercerse la acción popular si no interviene la fiscalía. Ello equivale a conceder a la fiscalía la posibilidad de impedir que los ciudadanos obtengan el amparo de los tribunales de justicia en los presuntos delitos de los que no sean víctimas directas. Esto deja a la ciudadanía indefensa frente a numerosas violaciones de la ley, especialmente las cometidas o toleradas por los gobiernos. Por ello proponemos reformas legales que permitan el ejercicio de la acción popular sin posibilidad de veto por parte de la fiscalía.
f. Similares medidas deberán adoptarse para garantizar la independencia y la profesionalidad del resto de los órganos encargados de garantizar a la ciudadanía el respeto a la legalidad, como el Tribunal de Cuentas y los Órganos Reguladores de carácter económico, eliminando su dependencia del poder ejecutivo."
... puntos muy interesantes, que siguen necesitando atención. Y continúa

Una miniserie (episodio dos)

"PROPUESTAS
Las líneas de actuación del proyecto de regeneración democrática de UPyD son las siguientes:
1. Defender las libertades individuales y la igualdad de los españoles frente a todo tipo de imposición o discriminación identitaria.
2. Implantar un sistema electoral justo.
3. Reforzar al división de poderes.
4. Otras medidas de profundización democrática.
1. Más libertad, más igualdad
La libertad de pensamiento es uno de los pilares de la convivencia democrática en una sociedad plural. Por ello el Estado deberá proteger el derecho de los ciudadanos a la libre expresión y defensa de sus opiniones, siempre que se hagan con respeto a las leyes y, en particular, sin recurrir a la violencia o abogar por ella.El Estado deberá fomentar el conocimiento del ordenamiento jurídico, especialmente de la Constitución, los Derechos Humanos y los principios antropológicos, morales y políticos en que se fundamentan los regímenes democráticos. Deberá fomentar los lazos de solidaridad entre los españoles entre sí, con independencia de su lugar de residencia, fortuna, sexo, ideología política, lengua materna, religión o cualquier otra condición, y de los españoles con el resto de los ciudadanos de la Unión Europea. Parte esencial de esa necesaria pedagogía democrática debe ser el respeto a los símbolos de nuestro sistema constitucional.
La sociedad española es una sociedad plural y la convivencia democrática en igualdad exige un respeto escrupuloso de ese pluralismo. Todos los ciudadanos españoles deberán tener garantizados constitucionalmente los mismos derechos y deberes. Las administraciones públicas deberán abstenerse de incurrir en ningún tipo de adoctrinamiento ideológico. La política cultural oficial y, especialmente, el currículum educativo deberán ser neutrales entre las distintos sistemas de pensamiento o de creencias compatibles con los valores democráticos y entre los diversos sentimientos de identidad comunitaria.
La libertad de pensamiento o la igualdad entre los españoles están siendo menoscabadas por diversas vías, ente las que cabe destacar tres: las políticas nacionalistas, el vigente régimen de semiconfesionalidad y los intentos de imponer “memorias históricas” oficiales.
1.1. Igualdad de todos los españoles
Frente al “nacionalismo obligatorio” promovido por las administraciones autonómicas, y no sólo las gobernadas por partidos nacionalistas, UPyD defenderá reformas legales y acciones de gobierno basadas en los siguientes principios:
a. Los ciudadanos residentes en cualquier parte del territorio nacional tendrán los mismos derechos y obligaciones, sin que puedan ser discriminados por proceder de otras partes de España.
b. Los poderes públicos deberán proteger la igualdad de derechos y oportunidades de los ciudadanos sin discriminación alguna basada en sus sentimientos de pertenencia o identidad comunitaria. Esta igualdad sólo puede estar garantizada si dichos poderes adoptan una posición de neutralidad en cuestiones identitarias. En consecuencia, toda política orientada al adoctrinamiento en materia de identidad comunitaria deberá considerarse una intromisión ilegítima de los poderes públicos en el ámbito privado y un atentado contra la libertad de pensamiento. En particular, el adoctrinamiento político nacionalista debe quedar excluido del currículum educativo y la política cultural oficial.
c. Todas las lenguas deberán ser reconocidas en pie de igualdad en los territorios en que sean oficiales, sin que el uso de una u otra pueda ser motivo de discriminación en ningún ámbito, incluidos el educativo y el cultural. Los hablantes de las lenguas son los individuos, por lo que no deberá poder establecerse, entre las lenguas cooficiales, diferencias entre lenguas “propias” y meramente “oficiales”. En particular, ninguna lengua que sea oficial en un territorio podrá ser considerada por los poderes públicos una lengua extranjera o extraña. Las políticas llamadas de “normalización lingüística” deberán respetar el derecho de los ciudadanos a elegir la lengua en la que desean expresarse, tanto en el ámbito público como en el privado. Ninguna medida de protección o fomento de una lengua podrá conllevar merma de derechos de los hablantes de otra.
1.2. Libertad de conciencia
Parte esencial de la libertad de conciencia es la libertad religiosa. Dicha libertad sólo puede estar plenamente garantizada si hay una separación estricta entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas. Por ello proponemos superar tanto el régimen de semiconfesionalidad actualmente vigente en España como el régimen de multiconfesionalidad que se trata de implantar desde posiciones supuestamente progresistas.
Estos principios se concretan en las siguientes medidas:
a. La sustitución de los actuales acuerdos entre España y el Estado Vaticano por acuerdos de cooperación con la Iglesia Católica española. Es un anacronismo que asuntos internos de España sean regulados a través de un tratado internacional.
b. Sin perjuicio de las subvenciones que puedan recibir las numerosas asociaciones religiosas que realizan una importante labor social o las actividades de naturaleza u origen religioso de interés cultural general, ninguna organización o actividad religiosa deberá ser financiada por el Estado.
c. Ninguna materia confesional deberá formar parte del currículum educativo.
d. Salvo que concurran razones de tipo histórico-artístico, no podrá haber símbolos religiosos en edificios públicos y, por norma general, los representantes públicos deberán abstenerse de participar en calidad de tales en actos de naturaleza religiosa.
1.3. Concordia nacional
La transición democrática, contra lo que a menudo se afirma, no se basó en el olvido del pasado, sino, por el contrario, en el recuerdo de la guerra civil y la dictadura. Dicho recuerdo explica en buena medida el apoyo que la gran mayoría de los españoles dieron a las fuerzas políticas que apostaron por la reconciliación nacional y el consenso constitucional. UPyD reivindica la transición democrática frente a los intentos de deslegitimarla y de proyectar sobre la España democrática del siglo XXI las divisiones que la propia transición permitió superar.
En coherencia con lo anterior, UPyD defenderá:
a. El fomento de la investigación y el estudio rigurosos de la historia reciente de España frente a los revisionismos pseudohistóricos de cualquier signo.
b. La dignificación de las víctimas de la guerra civil y la represión de la dictadura que no hayan obtenido un justo reconocimiento.
c. La dignificación de las víctimas del terrorismo."
Sí, esto es lo que defendemos, esto es en lo que creemos,... Nosotros sí.

Rosa Díez critica al PPdeG por "sumarse al despropósito de seguir creando problemas" con la política lingüística

VIGO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, criticó hoy al PPdeG por "sumarse al despropósito de seguir creando problemas" en lo que respecta a la política lingüística de la Xunta, "en lugar de resolverlos", y denunció que dicha política es "el colmo del despropósito".
En declaraciones a los medios antes de participar en un almuerzo-coloquio organizado por el Club Financiero de Vigo, Díez afirmó que la actuación del bipartito en materia del idioma es una ejemplo de cómo "el Gobierno y la oposición se dedican a crear problema en vez de resolverlos".
En ese sentido, calificó dicha política como "una de las más discriminatorias" de la Xunta, ya que, en su opinión, discrimina a los ciudadanos y también afecta negativamente a la economía. "Crean problemas que antes no existían, y el PP se suma a ese despropósito", subrayó.
La diputada de UPyD lamentó que los dos partidos nacionales (PP y PSOE) en Galicia "se pliegan a las exigencias de los nacionalistas" y criticó al presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y al PSdeG porque "hacen la política del BNG para poder gobernar sin haber ganado las elecciones". Asimismo, según Díez, el PPdeG aspira a volver a gobernar "como sea y pagando lo que sea", por lo que "se suma al mismo disparate".
Con respecto a las próximas elecciones autonómicas, a las que se presentará UPyD, Rosa Díez vaticinó un buen resultado para su partido "sólo con que lo voten el 10 por ciento de los que están hartos con el bipartito", porque lograría representación en la Cámara gallega.
PROYECTO DE UPyD
La diputada vasca defendió el proyecto de su partido y resaltó la particularidad de que UPyD consiguió un escaño constituyéndose sólo seis meses antes de unas elecciones. Asimismo, presentó su formación como un partido que "cree en la política" frente a la "desafección y lejanía" que existe entre la clase política y la ciudadanía.
Rosa Díez afirmó que UPyD apuesta por reformar numerosas leyes, entre ellas la Constitución, para "garantizar la igualdad de todos los ciudadanos". A ese respecto, abogó por "revisar e igualar los techos competenciales" y devolver competencias al Estado, como la Educación, los derechos básicos de Sanidad y algunas cuestiones de la Justicia.
También defendió la necesidad de modificar la ley electoral y de garantizar la separación del poder político del judicial, ya que, "lo que ocurre ahora en España es un escándalo". Así, denunció que el Consejo General del Poder Judicial está formado por "delegados de los partidos políticos" y "lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional".

miércoles, 15 de octubre de 2008

Una miniserie

Se nos ha criticado (como ultimamente viene siendo acción habitual de ciertos personajes con cualquier excusa) porque el día 20 de septiembre de 2008 en este blog se seleccionaron una serie de puntos de un documento que se publicó en su día en la página web de upyd, en lugar de colgarlo completo. No sabemos si esta crítica ocultaba una sospecha de manipulación de dicho escrito por nuestra parte, cuando en realidad la única razón por la que se hizo aquella selección fue su longitud, que hacía complicado colgarlo completo.
Sin embargo, y para que quede constancia de que no hemos manipulado absolutamente nada (y esto se puede extender a todos los temas que se nos echan en cara) ahora lo vamos a publicar completo, aunque por capítulos (el problema de la extensión sigue ahí). Y ya que estamos en ello, nos servirá para refrescar algunas cosas que siguen siendo igual o más interesantes en los tiempos que corren.
Así, aquí va el episodio uno. Disfrutad de la lectura, merece unos minutos de reflexión.

"Regeneración Democrática (15 Enero 2008)
INTRODUCCIÓN

Unión Progreso y Democracia es, ante todo y sobre todo, un partido democrático. Por ello la prioridad absoluta de su propuesta a la ciudadanía española es el fortalecimiento de nuestra democracia. Desde UPyD hacemos un balance muy positivo de la transición democrática que culminó en la aprobación de la Constitución de 1978. Las tres décadas de régimen constitucional han hecho posible que España haya alcanzado unas cotas de libertad, igualdad, prosperidad y prestigio internacional sin precedentes. No obstante, contemplamos con alarma el deterioro de la calidad de la democracia que se está produciendo en los últimos años.
Este deterioro tiene dos causas fundamentales. Una es el auge de los particularismos territoriales. Los partidos nacionalistas y los líderes territoriales de los propios partidos nacionales están procediendo, por la vía de las reformas estatutarias, a la transformación del modelo autonómico constitucional en un modelo confederal insolidario e insostenible. La otra son los particularismos partidistas. Los dos grandes partidos están llevado la vida política española a unos niveles de sectarismo desconocidos desde la superación de la dictadura y compiten por poner las instituciones al servicio de sus intereses. Ambos tipos de particularismo, que se refuerzan mutuamente, amenazan con convertir una sociedad ideológica y geográficamente plural en una sociedad fragmentada.
Consideramos que la solución a este deterioro no está un mero cambio de gobierno o de mayoría parlamentaria. La situación política que atraviesa España ha puesto de manifiesto la necesidad de reformas constitucionales y legales que refuercen las instituciones comunes frente a los intentos, cada vez más agresivos, de debilitarlas o subordinarlas a las cúpulas de los partidos políticos. Estas reformas no van a ser impulsadas ni por los dos grandes partidos ni por los partidos nacionalistas. Sólo una fuerza política nueva que haga de la regeneración democrática una prioridad puede posibilitar las reformas que permitan superar los déficits democráticos de nuestro sistema político.

PRINCIPIOS BÁSICOS

Los principios básicos de nuestras propuestas de regeneración democrática son:
1. Los titulares de los derechos y libertades democráticos son los ciudadanos. En consecuencia, todas las medidas de regeneración democrática estarán orientadas a la defensa de los derechos civiles, que en ningún caso podrán ser sacrificados en aras de supuestos derechos colectivos.
2. Todos los españoles son iguales en derechos y deberes. En España conviven ciudadanos con identidades diversas, sean éstas de tipo ideológico, lingüístico, cultural, territorial, religioso, sexual, etc. Para que esta convivencia en libertad e igualdad sea posible es preciso que las instituciones y las administraciones públicas se abstengan de intentar imponer una determinada identidad, sea de la naturaleza que sea, que vaya más allá de la ciudadanía común, la adhesión a los valores y reglas de la democracia y el cumplimiento de las leyes. De ahí que el laicismo, entendido en este sentido amplio, sea esencial a la regeneración democrática que postulamos.
3. El fundamento de la convivencia democrática es el respeto a la ley. Es por ello un objetivo central de nuestra propuesta de regeneración democrática el fortalecimiento de los instrumentos que obligan a los responsables políticos a cumplir y hacer cumplir las leyes y que evitan que la aplicación o no de éstas pueda subordinarse a intereses políticos coyunturales, y menos aún a negociaciones con grupos terroristas.
4. La soberanía reside en los ciudadanos. Los partidos políticos deben ser instrumentos que hagan posible la participación ciudadana en los asuntos públicos. La regeneración democrática tendrá como uno de sus objetivos devolver a la ciudadanía parte del poder ahora detentado por las burocracias de los partidos y garantizar que el voto de todos los ciudadanos tenga el mismo valor."

martes, 14 de octubre de 2008

El coraje perdido

Escribe Paco Sánchez en La Voz de Galicia (11/10/2008)
En tiempos de abundancia se disimula fácilmente la falta de coraje, de ideas grandes, de magnanimidad. Pero en los de escasez, no hay cómo tapar debilidad tan vergonzosa. Cuando las cosas van bien casi solas, se puede sonreír sin otro fundamento que ese, el que las cosas van bien: la barriga llena, los caprichos cumplidos, los riesgos cubiertos (o eso parecía), la posibilidad de demandar al ayuntamiento porque el niño se había roto una pierna en el botellón (porque el ayuntamiento no cuida como es debido de los niños borrachos) o la exigencia de un autobús para que vuelvan vivos de las juergas nocturnas y, en fin, mucho tiempo libre para discutir, para enzarzarnos en debates que, en tiempos de crisis, parecen vulgares, producen la sensación de gente tediosa que ha estado perdiendo el tiempo.
Pero el coraje, aquel que echaba tanto de menos Solzhenitsin en Occidente («El mundo occidental ha perdido su coraje civil, tanto en conjunto como individualmente: en cada país, en cada gobierno, en cada partido político y, por supuesto, en la ONU»), ese coraje no viene de la nada, sino de un conjunto de virtudes personales (la sobriedad, entre ellas) que se hacen sociales a base de que los individuos las vivan.
La crisis, que será honda y mucho más en nuestro país, puede leerse también como una oportunidad: la de recuperar el coraje, la de hacernos más fuertes. Una cura de adelgazamiento sin balneario, que empiece por la solidaridad con los que van cayendo a nuestra vera: en el paro, en el hambre, en la miseria o en la desesperación. Sin mirar para otra parte. O tendremos una crisis mucho peor, más larga y dolorosa, con una inseguridad que saltará de los pechos angustiados a las calles.
Pero, como escribía Habermas, «¿Quién se atreve hoy a decir a la sociedad lo que le falta y que, siéndole desconocido, le es esencial?».
Cartas al director www.lavozdegalicia.es

lunes, 13 de octubre de 2008

Por la libertad de lengua, no a la imposición

Convoca la Mesa por la Libertad Lingüística

"El domingo 19 de octubre a las cinco y media, cumplidas las formalidades legales, convocamos a todos nuestros conciudadanos a manifestarse con nosotros en La Coruña, desde el Obelisco hasta María Pita.
¿Por qué? Sobran los motivos, pero si hubiera que resumirlos en uno, sería poner fin al silencio y pasividad que han permitido imponer el monolingüismo burocrático y escolar violando la libertad de los sometidos. Y para detener ese proceso e iniciar el de recuperación de las libertades negadas o usurpadas.
Convocamos a los ciudadanos a manifestarse directamente porque los políticos han abusado de la representación conferida y nos han hecho una seria avería en las libertades. En 1978 aprobamos la Constitución para tener plenitud de derechos en dos lenguas, cada uno en la de su ascendencia o preferencia, o en ambas, y nos encontramos a la vuelta de los años con que nuestros hijos sólo pueden estudiar en una de ellas, precisamente en la que no pudimos hacerlo nosotros, y con que las administraciones públicas sólo usan una de ellas, como antes, sólo que ahora es la otra.
Aprobamos una constitución que limitaba el poder de nuestros representantes, y les conferimos los cargos y las ventajas inherentes a su ejercicio, confiados en que habrían de cumplir su juramento. Pero, al poco tiempo, nos declararon anormales y, no contentos con ello, aprestaron una costosa burocracia para normalizarnos en todo momento y con cualquier motivo, sobre todo, con intensidad ineludible, a los niños, prevaliéndose de su sujeción a la escolaridad obligatoria.
En ese proceso de casi un tercio de siglo se han dilapidado incontables recursos obtenidos con nuestro esfuerzo, pero, sobre todo,
· se ha degradado la libertad cultural -de la que la lengua es instrumento fundamental- para una parte de la población;
· se ha adulterado la enseñanza, substituyendo, en no pequeña medida, el esfuerzo docente dirigido a la formación integral por el dirigido a la formación de “buenos gallegos” según el canon oficial deformado por el esencialismo lingüístico, identitario y excluyente,
· se ha politizado la lengua generando el rechazo reflejo a toda imposición y la división social derivada del reparto de privilegios a partidarios y acoso y exclusión a no partidarios
· se ha retrocedido en la unidad del mercado laboral con la consiguiente pérdida de oportunidades, y con el engaño mezquino de reservar para los nativos reinstalados en la lengua-llave el feudo o coto regional mediante la exclusión lingüística de los demás españoles-. Esto ya se ha consumado en la función pública con el empobrecimiento mutuo consiguiente.se pretende, finalmente, en la nueva fase de “normalización sin complejos”, es decir, sin vergüenza, sin freno moral o jurídico, justificada y descrita en un Plan totalitario*, la asimilación acelerada o la exclusión de la parte de población que se resiste.
Si en una democracia prevalece la arbitrariedad a largo plazo es porque los ciudadanos lo consienten. Demasiado tiempo hemos callado, haciendo creer a quienes, por error o fanatismo han impulsado la política de normalización lingüística, que la aceptábamos de buena gana, o al menos no la rechazábamos.
Como creemos que son más los ciudadanos sensatos, convocamos a todos a manifestar el rechazo de esa política equivocada, a poner fin al silencio ante la usurpación de que hemos sido víctimas nosotros y nuestros hijos, y a exigir la restitución de las libertades que votamos en 1978, arrebatadas en aras del proyecto colectivista identitario de unos pocos cuya libertad de lengua respetamos sin condiciones, como queremos que se respete la de todos.
¿Por qué ahora? El día 20 del mes pasado se manifestaron en Vitoria centenares de padres contra la supresión de la enseñanza en español en el territorio de la CAV. El PNV ha aparcado ese “plan”. Esos padres valientes han demostrado lo que parecía imposible: que el nacionalingüismo puede retroceder.
El 28 del mes pasado se manifestaron en Barcelona miles de ciudadanos marcando un punto de inflexión en la historia de sumisión y silencio ante el nacionalingüismo.
Recientemente se han manifestado los intelectuales en defensa del derecho al uso de la lengua común –y de las otras-, y obtenido la adhesión de cientos de miles de españoles. Más recientemente un destacado grupo de empresarios gallegos ha publicado un manifiesto irrebatible –como lo prueba que los jerarcas de la linguocracia sólo han podido contestar lanzando coces al aire-.
Porque nunca es pronto para defender la libertad amenazada, ni demasiado tarde para recuperar la libertad perdida.
Porque, si nuestros representantes copiaron lo peor de las élites políticas de esas comunidades, nosotros estamos obligados a imitar lo mejor de nuestros conciudadanos y a unirnos a ellos en la defensa de una libertad común.
La Coruña, 03 de octubre de 2008.

El presidente, José María Martín


*Plan Xeral de Normalización da Lingua galega«Puntos débiles» Parlamento de Galicia, 21/09/04"

Un fantasma recorre España

Escribe Antonio Robles para Libertad digital
9/10/08



Un fantasma recorre España, es el fantasma de la disgregación. Ha nacido de una irrefrenable exaltación de las más extravagantes tradiciones. Lo mismo sirve la raza de un burro, como la apropiación del origen de Colón. No importa que sean ridículas o inútiles, sólo que sirvan para diferenciarse y afirmarse frente a la voluntad de una Constitución común de ciudadanos libres e iguales. Empezó en Cataluña, se extendió al País Vasco, más tarde a Galicia y ahora no hay pueblo alguno en España donde no surja un minero cavando el pasado para extraer señas de identidad capaces de dar el pego. Es una estampida de ilusos enloquecidos por sacralizar un territorio, una lengua o un traje regional de lentejuelas ridículas. Posee, a la vez, la característica de cualquier moda adolescente del más estúpido consumismo y del peor conservadurismo del siglo XIX. En uno y otro caso, el egoísmo. A esto le llaman su derecho a decidir.

Al principio de la transición, nacieron de reivindicaciones legítimas, como la lengua, aunque no más legítimas ni diferentes que cualquiera de las otras reivindicaciones que nos llevaron a la Constitución de 1978. Pero de pronto, la presunción de inocencia, la separación de poderes o la libertad de expresión dejaron de tener capacidad de agravio –era normal, formaban parte del propio sistema democrático–, pero no así las lenguas regionales, los derechos históricos o las señas de identidad. Una inacabada insatisfacción regional, satisfecha a ritmos calculados por la aritmética del poder español de turno, ha acabado por contagiar a España entera. León sólo, Nación Andaluza, Jaleo, Estado Aragonés, Ensame Nacionalista Astur, Concejo Nacionaliegu Cántabru, con lengua propia (Lengua cántabra), Partido Regionalista del Bierzo.. hasta en Extremadura se reivindica la lengua extremeña por partidos como Nacionalismo Extremeño.

Los agravios que en un principio servían para reivindicar derechos y privilegios de una comunidad frente al Estado han degenerado en agravios frente a otras para convertirse en conflictos. El sueño de cualquier nacionalista.

España camina a ciegas hacia un avispero. Cataluña y el País Vasco ya se consideran nación, se sienten nación y legislan como si fueran Estado. Pronto les seguirá Galicia. Uno de los más graves problemas que está propiciando el desencuentro entre estas comunidades y el resto de España es que su clase política dirigente se sienten nación y legislan como si fueran un Estado propio. Da lo mismo si es a través de la tramitación de una ley de educación en el Parlamento, de la planificación de un pacto de inmigración, de la participación en la Feria del libro de Frankfurt o de los guiones normalizadores de TV3. Todo: la rendija de un vacío legal en un deporte minoritario, el despliegue de la ley de servicios sociales o la apertura de embajadas encubiertas en el exterior. Todo está diseñado y encaminado a crear una atmósfera de Estado y envolver con ella los sentimientos de toda la población. Barruntan muchos la mala fe de estos nacionalismos "históricos", pero en realidad la percepción de quienes miran desde España y ven estupefactos –la mayoría ni mira ni ve y quien mira procura no ver– la insultante autosuficiencia y desprecio por la legalidad moral del bien común, no han de presuponerla. No necesariamente es así.

Desde su convicción de nación, se anula todo juicio crítico a sí mismos y son los otros los que expolian, los que imponen, los extranjeros.

No trato ahora de juzgarlos, sólo remarcar de donde nace tanto desencuentro. Importa poco que no sean mayoría social si son aplastante mayoría política. Importa por qué hemos llegado hasta aquí, cuál es la causa y cómo podríamos atajarla desde el Estado, revertir la situación y garantizar los derechos de todos.
No me cabe ninguna duda: la culpa de esta situación es de la mediocridad de una clase política que ha optado siempre por asegurar el poder a través de pactos con los nacionalistas antes que por mirar por los intereses generales del Estado, es decir, por el bien común de todos los ciudadanos.

Es intolerable que los dos partidos mayoritarios hayan sido y sigan siendo incapaces de ponerse de acuerdo. Nada podemos reprochar a los nacionalistas ser y buscar lo que son. Vivimos en una democracia y cualquier idea dentro del marco constitucional es legítima. Ellos no son la causa, sólo la variable de un sistema cuyos responsables ni supieron ver a tiempo ni solucionar cuando podían. Mientras tanto, los demás vemos como un minoritario 6,45% nacionalista de la totalidad de los votantes gobiernan España a sus anchas. PP y PSOE prefieren pactar con ellos que apoyarse entre sí.

Las soluciones son muchas, pero todas pasan por los dos grandes partidos nacionales. La reforma de la Constitución, la devolución al Estado de parte o de la totalidad de las transferencias en educación, la aprobación de una ley de lenguas donde la común española no pueda ser excluida en ningún rincón de España. Incluso, podríamos prescindir de todas esas medidas si PP y PSOE se ponen de acuerdo en temas fundamentales de Estado. Hay, incluso, un último recurso: el milagro de un partido bisagra en ciernes. Ya hay dos por la labor.

De no ser así, el sarampión identitario que recorre España puede crear las condiciones para su disolución. Y no hablo sólo de la disolución de la igualdad de derechos de todos los españoles iniciada ya con los estatutos recurridos actualmente en el Constitucional, me refiero a la disolución irremediable de los lazos sentimentales comunes entre todos los españoles.

Rectificar el rumbo no significa, sin embargo, solucionar el problema. Aparecería uno nuevo creado por la dejadez de los Gobiernos durante todos estos años: el sentimiento nacionalista de una generación de jóvenes educados en la aspiración a un Estado propio, será muy difícil de conjugar ya con la idea ilustrada de una España constitucional de ciudadanos libres e iguales.

Contra esto no hay antídoto, los sentimientos arraigados en la infancia suelen determinar las conductas del resto de la vida. Y más en estos temas.
Hay quien cree en un Estado Federal concebido sin los vicios nacidos de las aspiraciones nacionalistas y leal con una España donde el ciudadano prevalezca sobre los territorios. España es aún más real que todos los fantasmas juntos. O eso pensamos algunos.


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