Publicado en la web de ciudadanos http://www.ciudadanos-cs.org/
Los mismos que destruyeron el sistema educativo amparados tras la LOGSE, los mismos que entonces nos dijeron que no fracasaba la ley, sino la falta de medios para aplicarla, los mismos que humillaron entonces al profesorado responsabilizándolo de su fracaso, son ahora -ahora que el fracaso escolar catalán es uno de los peores de la OCDE- los que vuelven a reformar la reforma en clave nacionalista, con la misma autosuficiencia, y a dar de nuevo lecciones a un profesorado que fue magnífico mientras le dejaron ejercer como tal, hasta la entrada en vigor de la Reforma en 1990.
PSC, CiU, ERC, ICV y liberados sindicales de CCOO, UGT... fueron entonces los paladines de una reforma supuestamente progresista. Acabaron con los contenidos educativos, la autoridad del profesorado, los hábitos de estudio, la responsabilidad, la excelencia, las jerarquías cognitivas... No llegaron a entender nunca que la educación es el arte de administrar adecuadamente los noes hasta que el sujeto que los recibe pueda administrarlos por sí mismo; y prefirieron creer en el populismo de uno de sus compañeros de partido, el Sr. Javier Solana, cuando defendió la Reforma con este sofisma indigno: «Se ha democratizado la enseñanza porque la suma de los pocos saberes de todos es más grande que la suma de los muchos saberes de pocos». A la vuelta de los años, lo único empíricamente constatable es que «los pocos saberes de muchos» han extendido el fracaso escolar hasta los 16 años.
Paradójicamente, un sistema que habría de universalizar el saber entre los más desfavorecidos les ha apartado de él. Hoy no llegan a la universidad ni siquiera los pocos que lo hacían en la escuela de los 70 y 80.
Con el anteproyecto de la Ley Catalana de Educación, se condena definitivamente a la escuela pública a gestionar el fracaso escolar de las clases más desfavorecidas y a convertirla en centros de normalización de la inmigración. La gestión de los centros se privatiza y la responsabilidad de la Administración se traspasa a los propios centros. Incluso ya le han puesto palabras para tapar el atraco: Servicio de Educación de Cataluña. Alguien tiene que advertirlo, lo que pretenden es un cambio de modelo total basado en las leyes del mercado, como si educar a un niño fuera como comprar un pescado.
Adelanto algunas de sus intenciones: introduce un sistema de contratación del profesorado basado en el gremialismo con la disculpa de hacer equipos homogéneos dentro de un proyecto educativo de centro. Deslegitima el sistema de concurso oposición universal e introduce criterios basados en perfiles subjetivos marcados por el director. Será el fin de la equidad y el mérito y el principio de la endogamia, el politiqueo y el amiguismo.
Ese tornado se llevará la libertad de cátedra, los derechos de participación en concurso de traslado nacional español, o los derechos sanitarios de Muface, e impondrá la adscripción a una zona en vez de a un centro. En vez de una ley para mejorar el sistema, parece una batería para acabar con los derechos laborales del profesorado.
Podrá acabar por destruir la autoestima del profesorado, pero no acabará con el fracaso escolar, porque la concepción que tienen de fracaso es político y no ilustrado. El éxito no consiste en bajar niveles para mejorar estadísticas, sino salir de la escuela con la capacidad para relacionar un alto grado de conocimientos intelectuales y científicos, administrarlos con inteligencia emocional, personal y social y aplicarlos a la producción material, ética y cívica.
Para esto es preciso apostar por la excelencia, valorar la preparación del profesorado y evaluar con rigor. Sin embargo la LEC introduce conceptos que los niega de raíz, como la «polivalencia curricular» del profesorado. Una artimaña retórica para esconder la ideología de que cualquiera puede enseñar cualquier cosa. Dicho de otro modo, los contenidos ilustrados los consideran más un estorbo; que una necesidad.
Será el fin de los especialistas en las enseñanzas medias. Un auténtico atentado contra la ilustración. y después se indignan al comprobar cómo la televisión basura secuestra la dignidad de nuestros jóvenes.
Este anteproyecto es imposible agotarlo en un artículo como éste, pero quizás lo más patético de ello sea el haberlo precipitado para blindar la inmersión y legalizar la exclusión lingüística, ahora, precisamente ahora, que varias sentencias del TSJC han condenado el abuso de un gobierno que se dice de izquierdas y actúa como si fuera de ultraderecha.
Que nadie se equivoque, la exclusión lingüística es un problema moral singular grave, pero no el más grave. Lo que está en juego es la totalidad del sistema educativo como herramienta imprescindible para traspasar a nuestros hijos lo que imaginamos mejor como padres para ellos: conocimientos. autonomía, libertad y capacidad para llevar una vida digna y feliz.
Antonio Robles es diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña.
PSC, CiU, ERC, ICV y liberados sindicales de CCOO, UGT... fueron entonces los paladines de una reforma supuestamente progresista. Acabaron con los contenidos educativos, la autoridad del profesorado, los hábitos de estudio, la responsabilidad, la excelencia, las jerarquías cognitivas... No llegaron a entender nunca que la educación es el arte de administrar adecuadamente los noes hasta que el sujeto que los recibe pueda administrarlos por sí mismo; y prefirieron creer en el populismo de uno de sus compañeros de partido, el Sr. Javier Solana, cuando defendió la Reforma con este sofisma indigno: «Se ha democratizado la enseñanza porque la suma de los pocos saberes de todos es más grande que la suma de los muchos saberes de pocos». A la vuelta de los años, lo único empíricamente constatable es que «los pocos saberes de muchos» han extendido el fracaso escolar hasta los 16 años.
Paradójicamente, un sistema que habría de universalizar el saber entre los más desfavorecidos les ha apartado de él. Hoy no llegan a la universidad ni siquiera los pocos que lo hacían en la escuela de los 70 y 80.
Con el anteproyecto de la Ley Catalana de Educación, se condena definitivamente a la escuela pública a gestionar el fracaso escolar de las clases más desfavorecidas y a convertirla en centros de normalización de la inmigración. La gestión de los centros se privatiza y la responsabilidad de la Administración se traspasa a los propios centros. Incluso ya le han puesto palabras para tapar el atraco: Servicio de Educación de Cataluña. Alguien tiene que advertirlo, lo que pretenden es un cambio de modelo total basado en las leyes del mercado, como si educar a un niño fuera como comprar un pescado.
Adelanto algunas de sus intenciones: introduce un sistema de contratación del profesorado basado en el gremialismo con la disculpa de hacer equipos homogéneos dentro de un proyecto educativo de centro. Deslegitima el sistema de concurso oposición universal e introduce criterios basados en perfiles subjetivos marcados por el director. Será el fin de la equidad y el mérito y el principio de la endogamia, el politiqueo y el amiguismo.
Ese tornado se llevará la libertad de cátedra, los derechos de participación en concurso de traslado nacional español, o los derechos sanitarios de Muface, e impondrá la adscripción a una zona en vez de a un centro. En vez de una ley para mejorar el sistema, parece una batería para acabar con los derechos laborales del profesorado.
Podrá acabar por destruir la autoestima del profesorado, pero no acabará con el fracaso escolar, porque la concepción que tienen de fracaso es político y no ilustrado. El éxito no consiste en bajar niveles para mejorar estadísticas, sino salir de la escuela con la capacidad para relacionar un alto grado de conocimientos intelectuales y científicos, administrarlos con inteligencia emocional, personal y social y aplicarlos a la producción material, ética y cívica.
Para esto es preciso apostar por la excelencia, valorar la preparación del profesorado y evaluar con rigor. Sin embargo la LEC introduce conceptos que los niega de raíz, como la «polivalencia curricular» del profesorado. Una artimaña retórica para esconder la ideología de que cualquiera puede enseñar cualquier cosa. Dicho de otro modo, los contenidos ilustrados los consideran más un estorbo; que una necesidad.
Será el fin de los especialistas en las enseñanzas medias. Un auténtico atentado contra la ilustración. y después se indignan al comprobar cómo la televisión basura secuestra la dignidad de nuestros jóvenes.
Este anteproyecto es imposible agotarlo en un artículo como éste, pero quizás lo más patético de ello sea el haberlo precipitado para blindar la inmersión y legalizar la exclusión lingüística, ahora, precisamente ahora, que varias sentencias del TSJC han condenado el abuso de un gobierno que se dice de izquierdas y actúa como si fuera de ultraderecha.
Que nadie se equivoque, la exclusión lingüística es un problema moral singular grave, pero no el más grave. Lo que está en juego es la totalidad del sistema educativo como herramienta imprescindible para traspasar a nuestros hijos lo que imaginamos mejor como padres para ellos: conocimientos. autonomía, libertad y capacidad para llevar una vida digna y feliz.
Antonio Robles es diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña.
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