Una miniserie (episodio 3)

"2. Un sistema electoral justo
Un sistema electoral justo debe conceder el mismo valor al voto de todos los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia y sea cual sea su opción política. La Constitución Española establece que los miembros del Congreso de los Diputados deber ser elegidos por un sistema electoral proporcional. Sin embargo, el sistema de elección de los Diputados vigente no es proporcional, puesto que sitúa en clara desventaja a los partidos minoritarios de ámbito nacional, en beneficio de los partidos mayoritarios y de los partidos de ámbito autonómico. El resultado es una distorsión de la voluntad ciudadana que concede a los partidos nacionalistas una sobrerrepresentación injusta al tiempo que opciones políticas con un voto ciudadano mucho mayor quedan infrarrepresentadas.
Unión Progreso y Democracia promoverá la reforma de la Ley Electoral y, si es preciso, de la Constitución, para instaurar un sistema electoral en el que se cumpla el principio democrático de que el voto de cada ciudadano tenga el mismo valor.(Por su importancia y complejidad, este punto es objeto de un capítulo específico del Programa Electoral, por lo que no se desarrolla aquí.)
3. Separación de poderes
La división de poderes es consustancial a la democracia. Uno de los aspectos más alarmantes de la actual situación política son los intentos, cada vez más agresivos, de subordinar el poder judicial a los partidos políticos. Por otra parte, la reducción de los parlamentarios a meros ejecutores de las decisiones de los líderes de los partidos es uno de los males crónicos de nuestro sistema político. Uno de los aspectos fundamentales de nuestra propuesta de regeneración democrática será la defensa de la separación de poderes.
3.1. Imperio de la ley
El respeto y el cumplimiento de las leyes tanto por parte de los gobernantes como de los gobernados es la condición de posibilidad de toda convivencia civilizada. Es imprescindible para ello que las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley sean realmente independientes, acabando con la escandalosa subordinación actual de éstas al gobierno o a los partidos políticos.Para ello proponemos las siguientes medidas:
a. Reforzar la independencia del poder judicial. El sistema vigente de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial hace que éstos se comporten cada vez más como delegados de los partidos políticos y que la fidelidad al partido que los propone prevalezca sobre la competencia y profesionalidad en su elección. El uso perverso que los partidos han hecho de sus prerrogativas en esta materia hace necesario implantar un nuevo sistema en el que los miembros del CGPJ sean elegidos con criterios profesionales, sin interferencias de los partidos políticos y sin repartos de cuotas entre éstos.
b. Reforzar al independencia del Tribunal Constitucional. Al igual que sucede con el CGPJ, el sistema de designación de los miembros del TC y el uso perverso que los partidos hacen de sus competencias en esta materia está transformando un tribunal que debería ser independiente en una tercera cámara en la que los magistrados aparecen cada vez más alineados con los grupos políticos que propusieron su nombramiento. Dada la importancia extrema que muchas de las decisiones del TC tienen para el futuro de nuestro sistema político, es preciso modificar el sistema de elección de los magistrados aboliendo el actual sistema de cuotas.
c. Consolidar la unidad del sistema judicial. La independencia del poder judicial no sólo está amenazada en España por los partidos nacionales y el gobierno de la Nación de subordinarlo al poder político. Estamos asistiendo también al intento por parte de gobiernos autonómicos y de partidos nacionalistas de someterlo en sus territorios fragmentando el sistema judicial en diversos sistemas independientes. Frente a estos intentos, proponemos mantener las competencias del Tribunal Supremo y preservar la independencia de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas frente a los intentos de intromisión de los gobiernos y parlamentos autónomos.
d. Autonomía de la Fiscalía. El cumplimiento de la ley es un derecho de los ciudadanos, no una prerrogativa del Gobierno. La persecución de los delitos no puede estar supeditada a los intereses coyunturales del gobierno o la mayoría parlamentaria de turno. La experiencia reciente y no tan reciente demuestra que los Fiscales Generales del Estado anteponen con frecuencia en asuntos muy graves los intereses del Gobierno que los nombra a los intereses de las víctimas de los delitos, con el consiguiente desamparo de éstas. Esta quiebra del principio de legalidad sólo podrá evitarse reformando el sistema de elección y las funciones del Fiscal General del Estado en el sentido de garantizar su autonomía.
e. Restauración de la acción popular. La legislación vigente impide que en la mayoría de los procesos judiciales pueda ejercerse la acción popular si no interviene la fiscalía. Ello equivale a conceder a la fiscalía la posibilidad de impedir que los ciudadanos obtengan el amparo de los tribunales de justicia en los presuntos delitos de los que no sean víctimas directas. Esto deja a la ciudadanía indefensa frente a numerosas violaciones de la ley, especialmente las cometidas o toleradas por los gobiernos. Por ello proponemos reformas legales que permitan el ejercicio de la acción popular sin posibilidad de veto por parte de la fiscalía.
f. Similares medidas deberán adoptarse para garantizar la independencia y la profesionalidad del resto de los órganos encargados de garantizar a la ciudadanía el respeto a la legalidad, como el Tribunal de Cuentas y los Órganos Reguladores de carácter económico, eliminando su dependencia del poder ejecutivo."

... puntos muy interesantes, que siguen necesitando atención. Y continúa