Usted no sabe con quién está hablando

Escribe Roberto Blanco Valdés en La Voz de Galicia 30 de Julio de 2008

Imaginemos que, en plena dictadura, las autoridades franquistas hubieran aprobado una norma para obligar a los comerciantes de Galicia (o de Cataluña o de Valencia) a atender en castellano a sus clientes. ¿Qué habría pasado? Pues, entre otras cosas, lo mismo que ahora ocurrirá si el sentido común no evita finalmente que el proyecto de ley de comercio interior que se está tramitando en el Parlamento de Galicia incluya ese increíble deber de disponibilidad lingüística que la Xunta quiere imponer a los gallegos: hubiera pasado que miles de comerciantes gallegoparlantes -que entienden, pero no hablan con soltura el castellano- podrían verse obligados a utilizarlo e incluso (hay que suponerlo) podrían ser sancionados por incumplir tan estrambótico deber.

Planteado en esos términos (que se derivan sin duda del proyecto), todo el mundo entendería que las pretensiones de la Xunta supondrían una gratuita y brutal agresión a la libertad individual, que no aceptaría ningún parlamento democrático.

Es suficiente, sin embargo, con que se invierta la forma de plantear tan inaceptable atropello de los derechos personales -es decir, con que el proyecto de ley se enfoque desde el punto de vista del deber de atender en gallego a quienes se dirijan en gallego a un comerciante- para que lo que a muchos les parecería una vergüenza (y, seguro, que «unha imposición feixista») pase a parecerles algo normal y hasta obligado por la necesidad de normalizar una de las dos lenguas que hablamos los gallegos.

Aunque la cuestión podría abordarse desde la perspectiva de la constitucionalidad del proyecto de la Xunta (que no entra ni con calzador en nuestra ley fundamental), no es esa cara del asunto la que considero decisiva. La pregunta es, sencillamente, la de si en una sociedad libre puede imponerse, no a un funcionario público, sino a un particular, el deber de atender a su clientela en una lengua (sea la que fuere) y, consecuentemente, la de si es posible sancionarlo por incumplir tal obligación.

Esas preguntas solo pueden tener una respuesta rotundamente negativa. Lo contrario sería dar un paso de gigante hacia un gulag lingüístico, que se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Pues, ¿por qué no imponer también el deber de disponibilidad a los profesionales liberales? O ¿por qué no fijar por ley que los periódicos se editen en gallego o las radios emitan en gallego íntegramente?

Estoy seguro de que hay gentes, tan obsesionadas con la lengua como despreocupadas por los derechos personales, que estarían encantadas con adoptar medidas de ese tipo. Darles carrete es la mejor manera de que desaparezca no ya la convivencia lingüística en Galicia, sino la simple y pura convivencia.