
En su rueda de prensa de anteayer, que abre el curso político 2009-2010, Zapatero repitió lo que ya anunció antes del verano, cuando insistió en lo que ya proclamaba en primavera: que «lo peor de la crisis ha pasado». Pero dado que los datos de crecimiento económico, paro, consumo, déficit público, exportaciones e inversión han empeorado en los últimos meses o solo han mejorado de forma estacional, nada hay que permita sostener con seriedad la optimista afirmación presidencial, que no pudiendo, por pura lógica, ser la consecuencia de un error, constituye, sin más, la manifestación de un burdo engaño.
Aquí lo apuntaba yo mismo no hace mucho: aquellos supuestos «brotes verdes» de la vicepresidenta Salgado han acabado por ser en realidad brotes verdes fritos por la crisis. ¿O es que ha pasado lo peor para los cientos de miles de parados que no tienen, ni van a tener -pues el déficit público ya no lo permite- ninguna cobertura para su angustiosa situación? ¿Ha pasado lo peor para los españoles que, tras el verano, perderán sus empleos, como acaba de reconocerlo sin tapujos el ministro de Trabajo? ¿Ha pasado lo peor para los pequeños comerciantes, que se siguen viendo obligados a cerrar ante la falta de repunte del consumo?
No, ni para ellos ni para otros muchos millones de españoles ha pasado lo peor: los que hemos visto, atónitos, cómo la situación empeoraba mientras Zapatero negaba que España hubiese entrado en recesión; los que hemos seguido observando, angustiados, cómo la economía se deterioraba día a día mientras un Gobierno paralizado empezaba a afirmar que lo peor ya había pasado; y los que contemplamos hoy, ya cabreados, cómo deberemos pagar más impuestos para tapar la ineficiencia de un presidente cuyo trabajo ha consistido mucho más en evitar que la crisis le afectara electoralmente que en superar sus devastadoras consecuencias.
El 6 de octubre 1934, y en el ambiente de profunda crispación derivado de la victoria de la derecha en las elecciones de 1933, Companys proclamó solemnemente el Estado catalán. Su tentativa insurreccional no acabó con la República, pero debió convencer a muchos de que no podía ser viable un régimen donde alguien de la importancia del presidente de la Generalitat llegaba a romper las reglas de juego de una forma tan grave y tan flagrante.
Cuatro meses antes, y ante una sentencia del Tribunal Constitucional de aquella época que anulaba, por inconstitucional, una norma del Parlamento catalán (la ley de contratos de cultivo), la respuesta había sido también inconcebible en un Estado de derecho: la Cámara regional aprobó una ley idéntica a la que había sido anulada previamente.
Ese inaceptable desafío recuerda de lleno al que ahora proponen muchos dirigentes catalanes si el Tribunal Constitucional se atreve a cumplir con las funciones para las que fue creado con el aplauso de la mayoría de los que, descaradamente, hoy lo chantajean: declarar la inconstitucionalidad de lo que es en el Estatuto contrario a la Constitución a todas luces. Que hayan entrado en ese juego de absoluta deslealtad constitucional Carod y compañía era de esperar, pues resulta coherente con su trayectoria e ideología antisistema. Pero que dirigentes destacados del PSC y miembros del Gobierno de la Generalitat, empezando por su presidente, se muestren dispuestos a desobedecer los mandatos del Tribunal Constitucional y exijan a Zapatero que cumpla el Estatuto al margen de lo que aquel pueda decidir -lo que equivale a jalearlo para que incumpla una sentencia del supremo intérprete de la Constitución- rompe por la base con principios democráticos que hasta ahora nadie, salvo el PNV, había discutido y entra de lleno en ese comportamiento insurreccional que caracterizó al catalanismo en el pasado.
De este modo, una reforma estatutaria que empezó de la peor manera imaginable no podía tener un final más lamentable. Jugando a aprendiz de brujo, Zapatero prometió que con el nuevo Estatuto catalán se resolvería el problema territorial durante al menos medio siglo. La pura verdad es, sin embargo, que nunca, salvo durante el bienio negro de nuestra II República, las cosas habían llegado a plantearse del modo que ahora se presentan: como una insurrección frente a la Constitución